La información es recurrente. Ya no es novedad enterarnos que nuestros vecinos del norte, los ecuatorianos, han movido los hitos limítrofes y han penetrado en nuestro territorio. Así ocurrió durante el Gobierno de Belaúnde con la historia del Falso Paquisha. Hasta hubo un enfrentamiento armado. Después, vino el cuentazo del japonés que dizque arregló para siempre el conflicto con Ecuador, regalándoles Tiwinza. Sin embargo, los hechos se repiten: una vez más los “monitos” quieren nuestras propiedades. Nuevamente se presentarán las protestas diplomáticas y, si no hay arreglo, habrá que movilizar tropas. ¡Cómo se frotan las manos los vendedores de armas y fabricantes de guerras!... Lo funesto de estos escarceos es que se derrama sangre inocente de nuestros jóvenes para terminar firmando otra actita.
Bueno. El caso viene a colación para referirnos al problemita que ha explosionado con nuestro vecino del norte, Cabana. Resulta que desde nuestra distritalización en 1943, todos nuestros vecinos se han puesto de acuerdo para minar nuestros territorios comunales. Recordemos los epopéyicos enfrentamientos con Mayobamba. A huaracazo limpio y todos contra todos. Alguna vez relatamos un cuasi conflicto armado, en 1982, a orillas de la Laguna de Qaltinya por diferencias por el uso del agua sobrante de esta laguna. Felizmente el Amaru nos salvó, porque todo Mayobamba se encontraba allí, mientras los parlamentarios de Andamarca no llegábamos ni a la decena. También nuestros vecinos de las Comunidades de Chaupi y Qollana de Puquio, siempre han hecho prevalecer sus puntos de vista.
Hace algunos años fuimos a Pachap Mancan y con sorpresa descubrimos que nuestros vecinos cabaninos habían construido muros en propiedades andamarquinas. ¡Cuántas veces hemos recorrido estos parajes!. Por eso sabemos que hasta Huanacupampa pastaban nuestras crianzas alpaqueras. Me informé que esta invasión se había vuelto casi permanente ante la indiferencia de las autoridades andamarquinas.
El caso se agudiza desde cuando, de manera injustificable, el Municipio cabanino decide arrojar su basura en el sector de Huasaputo, a un costado de la carretera, ¡pero en territorio andamarquino!. Los crianderos del sector denunciaron constantemente esta invasión. Aparte de algunas discusiones o conatos de agresiones personales, no se conocieron rectificaciones. Posteriormente, los invasores descubrieron en estos sectores nuestros materiales de primera como arena depurada y de varias clases. Y sin consultar con nadie, aprendieron a llevarse camionadas de tan valioso material, convirtiendo los yacimientos de Huasaputo en su cantera inagotable. Ante tanta “osadía”, los andamarquinos recién están enfrentando el problema. In situ hemos verificado que se presentaron reclamaciones escritas ante el Municipio de Cabana. Prometieron disponer que sus camiones con basura no volverían a Huasaputu. Estamos informados que, lejos de cumplir sus ofrecimientos, ellos movilizaron a toda su población y vinieron al mismo teatro de los acontecimientos, inclusive con alumnos “a defenderse de la agresión andamarquina”. Felizmente la sangre no llegó al río. Los cabaninos empezaron a construir muros separadores por los lugares que ellos juzgan son los del límite, invadiendo muy a las claras los territorios andamarquinos. Algunos días después, han salido los andamarquinos y han destruido estos muros separadores.
No encontramos una explicación valedera para este tipo de enfrentamientos. Cabana tiene los territorios suficientes para desarrollarse, entendemos. ¿Qué explica, entonces, este afán de buscar lo ajeno, cuando ni siquiera son capaces de hacer uso eficiente de lo que realmente les pertenece?. Como dice el dicho popular, no pueden ni con lo propio y quieren lo ajeno. La pregunta es ¿porqué?. ¿Cuánta ganadería poseen los cabaninos en este sector de Huasaputu? ¿Existen las condiciones naturales para un deseable desarrollo de la agricultura aquí?. ¿Cómo andamos de pastos, existen ya áreas cultivadas, hay agua?...
No están aflorando todavía las verdaderas intenciones que alimentan acciones torpes y sin futuro. Apuesto doble contra sencillo que estas intenciones nada tienen que ver ni con la ganadería ni con la agricultura, esto es evidente.
La agresión contra las Comunidades Campesinas empezó todavía con el gobierno del japonés y sus leyes, como la 26505. El Gobierno actual, con su política del perro del hortelano, tiene la pregonada intención de “desarrollar” las moyas comunales entregándolas a los capitales foráneos, “porque los nativos ni eso hemos sido capaces de realizar”. Constantes intentos como los Decretos 1015 y sucedáneos, exhiben como únicos resultados, las matanzas de Bagua y atropellos contra comunidades que osan defender sus moyas.
Por eso, es necesario ensayar nuevos recetarios. Si persisten los movimientos defensistas, simplemente hay que dividir a los comuneros, para “comprárselas”. Hay que debilitar organizaciones ancestrales, enfrentándolas entre sí “por la defensa nacional de sus territorios”. Entonces, será muchísimo más fácil introducir oscuros intereses ajenos. En un final anunciado, terminarán apropiándose de territorios comunales. ¡Y NO VA A SER PARA SEMBRAR SIQUIERA PASTOS MEJORADOS, MENOS PARA REVITALIZAR NUESTRA ALICAÍDA AGRICULTURA Y GANADERÍA EN GENERAL!. De ninguna manera... Traerán inmensas maquinarias, secarán nuestras pocas fuentes de agua y se dedicarán a horadar nuestras montañas buscando y extrayendo lo único que quieren, envenenando y arrasando con todo signo de vida.
El conflicto de Andamarca con Cabana, así como el que se da entre diversas Comunidades, no es buscado ni alimentado por los comuneros. Repetimos: el asunto está siendo movido por tremendos intereses, y nosotros estamos cayendo como tontos útiles. La solución a cualquier diferendo está en el diálogo, en la confrontación civilizada de ideas. No hace ni diez años que el PETT estuvo por toda la zona, protocolizando las Actas de Colindancia entre las Comunidades. En esa oportunidad estuvimos de acuerdo en que si entrábamos en conflictos legales, sólo íbamos a engordar abogados y jueces corruptos y que el mejor camino era el arreglo franco en base a principios como el del uti possidetis, o sea el uso que nuestros usuarios venían dando a las moyas, de manera civilizada durante tantas centurias. Y esos entendimientos se fijaron en Actas respaldadas por mapas basados en puntos geodésicos. Aquí no hay que si muevo este hito un poco más allá, o saco las piedras que marcamos como puntos límites no se van a dar cuenta porque se borraron los puntos de referencia. El caso real es que las líneas delimitantes están señaladas con el satélite y simplemente es cuestión de recurrir al sistema informático, repasar los puntos fijados en el acta y sanseacabó.
Claro que si ni eso se quiere entender, entonces que intervenga el Poder Judicial. ¿Qué hace usted cuando alguien se mete en su casa, sin su autorización, con la intención de robarle?... Llama a la fuerza pública, a la policía y denuncia al invasor o ladrón ante la autoridad. Algunos, además y si pueden, le rompen el lomo a palazos al ladrón. Sin más dilaciones ni cortapisas, deben intervenir, inclusive de oficio, las autoridades. En vez de estar armando espectaculares movilizaciones y shows no sabemos para qué galerías, nuestros representantes, están obligados a denunciar el caso ante la policía para la necesaria verificación que, con toda seguridad, va a exigir el Poder Judicial. Modestamente, creemos que las cosas no debieran llegar a tanto. En el Ministerio de Agricultura hay una dependencia específica para Comunidades Campesinas. Tranquilamente pueden coordinar para que el personal de PETT lleve sus laptops allá y en dos patadas nos digan “aquí es el límite” y nuevamente tendremos que colocar los hitos movidos. Punto. Vivimos en un estado de derecho, las leyes tienen que cumplirse.
Por otra parte, con esa política del ninguneo o basureo a los representantes de las Comunidades Campesinas, es posible que los paseen en las dependencias públicas y digan hasta la barbaridad de que carecen de representatividad. Llévense una copia de la Constitución Política del Estado y refriéguenles en la cara los artículos 88 y 89, por lo menos.
OTRO SI DIGO: Somos un país de formalidades. Me extraña que la Municipalidad andamarquina no haya intervenido decididamente en este diferendo. El Gobierno Local debe asumir responsabilidades. Si fuere el caso y no quedara ya espacio para el entendimiento, Andamarca debe abrir dos frentes legales: uno formulado y sustentado por la Comunidad Campesina y otro paralelo, bajo la responsabilidad del Municipio. Pero este asuntillo no puede estarnos distrayendo de tantos problemas que tenemos que enfrentar. Los pueblos pequeños y menos desarrollados no tenemos ni tiempo ni ganas para peleítas de callejón. Trabajemos más bien en consuno y forjemos un destino común de desarrollo y progreso. Hasta la próxima.
